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En este post de hoy os comento las repercusiones de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula diversos preceptos del Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y recorta la obligación de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer un alquiler de social antes de interponer una demanda de desahucio.

Esta cuestión resulta eminentemente práctica para aquellos que hasta ahora, por ley, hubieran podido ser beneficiados con una oferta de alquiler social evitando así una demanda de desahucio y la perdida de la vivienda.

¿A partir de ahora la obligación de ofrecer un alquiler social, antes de interponer una demanda de desahucio, será la misma que antes de la sentencia del TC? ¿Sus efectos serán los mismos? La respuesta es NO.

Analicemos el porqué:

¿En qué ha consistido, hasta ahora, la obligación de ofrecer un alquiler social?

Con la regulación del ofrecimiento de un alquiler social, se obliga a determinados propietarios a ofrecer un alquiler en condiciones beneficiosas como condición para poder interponer demanda de desahucio a personas o unidades familiares que no tengan alternativa propia de vivienda y que sean considerados en de riesgo de exclusión residencial según unos niveles de rentas previstos en la normativa.

Solo si estas personas rechazan la propuesta, el propietario puede interponer la demanda de desahucio

Estas condiciones beneficiosas suponían ofrecer la realización de un contrato de 7 años de duración con una renta contractual muy baja en proporción a los ingresos de la unidad de convivencia a la que se ofrecía.

Ahora, con la anulación de diversos preceptos que ha realizado el TC, los requisitos del alquiler social cambian siendo muchos menos los procedimientos en que es obligatorio ofrecerlo y limitando el tipo de propietarios con obligación a realizar la propuesta.

Veamos el antes y el después.

ANTES DE LA SENTENCIA DEL TC

¿En qué procedimiento judiciales, el propietario de un inmueble estaba obligado a realizar un alquiler social?

Hasta ahora el propietario de un inmueble, tenía obligación de realizar alquiler social, siempre que pretendiera demandar por:

  • Impago de hipotecarias
  • Desahucios por falta de pago
  • Acciones derivadas de la reclamación de una deuda hipotecaria
  • Desahucios por el vencimiento del contrato.
  • Por falta de título que habilite para permanecer en la vivienda (ocupaciones de inmuebles en determinadas condiciones).

¿Qué propietarios tenían obligación de hacer la propuesta de alquiler social?

Antes de la Sentencia del TC, estaban obligado a realizar oferta de alquiler social:

Las personas jurídicas con la condición de gran tenedor de vivienda, es decir:

  1. Entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.
  2. Las personas jurídicas que, por si solas o mediante un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 1.250 m2

Las personas jurídicas que haya adquirido posteriormente al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de distintos procedimientos judiciales tendentes a reclamar impago de hipotecas

Los fondos de capital riesgo y de titulización de activos.

Las personas físicas que dispongan de la titularidad de más de 15 viviendas,

DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL TC

¿Tras la Sentencia del TC, en que procedimientos el propietario estará obligado a ofrecer previamente la propuesta de alquiler social?

La sentencia del TC, anula la ampliación de la regulación de alquiler social y nos devuelve a su regulación original, así que, a partir d ahora, la obligación de ofrecer alquiler social se circunscribe a los siguientes procedimientos:

  • Impago de hipotecarias
  • Desahucios por falta de pago

¿Qué propietarios están obligados a hacer una propuesta de alquiler Social?

Ahora, sólo están obligados a ofrecer una propuesta de alquiler social los siguientes propietarios:

Las personas jurídicas con la condición de gran tenedor de vivienda, es decir:

  1. Entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.
  2. Las personas jurídicas que, por si solas o mediante un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 1.250 m2

Las personas jurídicas que haya adquirido posteriormente al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de distintos procedimientos judiciales tendentes a reclamar impago de hipotecas

¿Qué efectos tendrá ahora la propuesta de alquiler social?

La propuesta de alquiler social sólo será obligatoria por tres años.

Por lo tanto, desde la anulación del Decreto –Ley 19/2019, de 23 de diciembre, la realización de la oferta de alquiler social solo será obligatoria para cuando el arrendador sea entidad financiera o persona jurídica consideradas gran tenedora d vivienda y se circunscribirá a ejecuciones hipotecaras y procesos de desahucio por falta de pago.

Si has recibido una demanda de desahucio y tienes riesgo de perder tu casa, consulta de manera inmediata con un abogado experto en vivienda. Llámame y veremos juntos que posibilidades tienes de no perder tu vivienda.

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